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¿ME PUEDE GRABAR LA EMPRESA PARA ACREDITAR UN DESPIDO? ¿Y CONTRATAR UN DETECTIVE?

En el entorno laboral, si hay un derecho llevado a máximo, es el derecho a la intimidad de la persona trabajadora, siendo éste una dificultad para el empleador en ocasiones para acreditar conductas fraudulentas cometidas por las personas trabajadoras que pueden motivas una sanción, o la máxima consecuencia, el despido.

Viene siendo una cuestión controvertida, cómo probar estas conductas, ya que en ocasiones la única posibilidad de aporta un prueba determinante y que no deje lugar a dudas es mediante la captación de imágenes de la persona trabajadora en el momento que comete la acción que motiva la sanción o el despido. A todos se nos viene a la cabeza instalar una cámara para grabar la comisión de tal infracción, o tal vez recurrir a un método más inusual pero igualmente útil, como la contratación de un detective para que emita un informe. Esto genera muchas cuestiones como; ¿vulneran la intimidad de la persona trabajadora la obtención de las pruebas por estos medios?, ¿las admitirá el juez? ¿si no las admite, cómo puedo probarlo entonces?...

Como toda pregunta derecho, la respuesta es depende. Recientemente se han emitido dos sentencias que avalan este tipo de pruebas, pero con matices.

Respecto a grabar a una persona trabajadora con cámara oculta, se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinando que no se vulnera el derecho a la intimidad porque la instalación de las cámaras se llevaron por parte de la empresa a partir de una sospecha razonable, considerando la medida proporcionada por haber sido instaladas solo y exclusivamente para probar el hurto que estaba llevando a cabo la persona trabajadora ya que no había la posibilidad de acreditarlo de otra forma que no dejara lugar a dudas de la comisión de los hechos. Añade, como justificación a la idoneidad de la medida, que la vigilancia duró sólo diez días y las imágenes fueron visionadas por un número reducido de personas.

De igual forma, el TEDH hace una distinción muy interesante entre el grado de intimidad que puede tener un empleado según el lugar del centro de trabajo en el que se encuentre, no es lo mismo instalar una cámara en baños, vestuarios o espacios cerrados de trabajo, que en lugares  que son visibles y accesibles por la mayor parte del público, considerando el lugar donde se instaló la cámara de este último.

En cuanto a la obtención de la prueba que acredite la sanción o el despido mediante el encargo a una empresa de detectives privado que las capte, el razonamiento es muy similar al anterior. En este caso este tema en concreto es enjuiciado por el Tribunal Superior de Cataluña en su Sentencia 3636/2019 de 8 de julio de 2019, en la que igualmente y remitiéndose al pronunciamiento aquí expuesto del TEDH, viene a decir que se trata de una medida proporcionada y justificada por las sospechas que tenía la empleadora, siendo idónea para verificar los hechos. También recalca, que en este caso no es el empleador el realiza la videograbación sino los detectives.

En definitiva, como todo ejercicio de un derecho, tiene sus límites, y el derecho a la intimidad del trabajador parece tener su límite en que sea, mediante la captación de imágenes, la única forma de acredita la infracción, siempre y cuando esas imágenes se tomen en espacios con acceso al público y sólo sean visionadas por aquellas personas que tiene la facultad de tomar la decisión o sean determinantes para la adopción de ésta. 

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